El sistema constitucional español

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  Constitución, ley y democracia 

A lo largo de su historia, España ha tenido 7 Actas fundamentales, incluida la Constitución de 1978

La primera de las constituciones que han existido en nuestro país, fue la de Bayona, nombre con el que se conoce a la otorgada en dicha ciudad francesa por el rey intruso José Bonaparte el 6 de julio de 1808. Sin embargo, el verdadero origen del constitucionalismo español lo marcó la Constitución de 1812, sancionada el 19 de marzo de dicho año (festividad de San José –de ahí su apodo de «La Pepa» –), por las Cortes Constituyentes de Cádiz. Fueron
    Luis Negro Marco

redactadas aquellas durante el cautiverio del rey Fernando  VII, quien no la quiso aceptar una vez repuesto en el trono de España.  De modo que el texto fue abolido el 4 de marzo de 1814. Sin embargo, muy de acuerdo al devenir histórico de España, fue restablecida de nuevo tras el golpe de estado del general Riego, en Cabezas de San Juan, el 1 de enero de 1820. La Constitución de 1812 volvió así a estar vigente  hasta el 29 de septiembre de 1823, y fue “resucitada” de nuevo en 1836 –durante la Primera Guerra Carlista–. Poco duró no obstante aquella restauración, pues el 18 de julio de 1837 fue sancionada una nueva Carta por las Cortes convocadas a tal efecto, y aceptada después por la regente María Cristina, en nombre de su hija –entonces menor de edad– la reina Isabel II.  Esta Constitución, reformada en 1845, robustecía el poder real y centralizaba la administración, convirtiéndose en la bandera del «Partido Moderado».

 Con pequeñas modificaciones e intervalos, se prolongó la vigencia del texto anterior hasta

1868. En aquel año, el acuerdo alcanzado entre diversos partidos, propicio que el 6 de junio de 1869 se promulgase una nueva Constitución para España. Un Acta en la que dominaban los principios democráticos, y se identificaba a la monarquía hereditaria como la forma de gobierno, apoyada por un Senado de carácter electivo. Sin embargo esta Constitución quedó derogada en estos dos puntos, con motivo del advenimiento de la I República (proclamada el 11 de febrero de 1873), en virtud de la cual, España se convertía en una República democrática federal. Forma de gobierno que duró menos de un año, a causa del golpe de estado protagonizado por el general Pavía el 3 de enero de 1874.

 Dos años, después –conclusa la tercera guerra carlista y proclamado Alfonso XII como nuevo rey de España–, el político Cánovas del Castillo asumió la responsabilidad de elaborar una nueva Constitución para España, cuyo texto fue producto del acuerdo entre el Partido Conservador  y las fracciones afines, redactado por una «Junta de Notables», y aprobado finalmente por las Cortes –con ligeras modificaciones– el 30 de junio de 1876. La nueva Carta establecía la monarquía legítima de Alfonso XII, la tolerancia religiosa, y la creación de un Senado mixto. Este Acta fundamental se mantuvo en vigor durante 47 años, siendo la Constitución más longeva que hasta ahora ha tenido nuestro país.  

Su vigencia finalizó en septiembre de 1923, bajo el reinado de Alfonso XIII,  a causa del golpe de Estado del general Primo de Rivera, que estableció una Dictadura militar en virtud de la cual dejaba en suspenso (pero no cancelaba) la Constitución de 1876. Pero dado que la Dictadura no conseguía, aunar las voluntades y aspiraciones ciudadanas de las distintas regiones de España, Primo de Rivera ordenó a la Asamblea Nacional (en realidad una imitación del «Gran Consejo fascista» de Mussolini) la redacción de una Constitución, que en realidad fue una “Carta Otorgada”, es decir, no  emanada de la soberanía popular. Eso aceleró la caída de la Dictadura, que culminó con la dimisión de Primo de Rivera el 29 de enero de 1930.

 Un fin de la dictadura que anunciaba asimismo el de la monarquía, cuyo desencadenante fue el arrollador triunfo obtenido por las candidaturas republicanas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931; dos días después, Alcalá Zamora anunciaba el advenimiento de la II República, y con ella una nueva Constitución para España, que se promulgó el 9 de diciembre de 1931. Un texto que acometía grandes reformas en terrenos tan importantes como el de la agricultura, la iglesia, la  educación, el ejército, la justicia, y el desarrollo de los Estatutos de Autonomía para Cataluña, País Vasco y Galicia.

 La Constitución republicana de 1931 permaneció vigente  hasta el 1 de abril de 1939, fecha en que terminó la guerra civil (1936-1939) y fue abolida por Franco. Durante el franquismo el Estado se rigió de acuerdo al «Fuero de los Españoles», formulado en 1945 como una Carta de Derechos para dar apariencia democrática ante los aliados victoriosos de la  II Guerra Mundial; sin embargo este Fuero no proporcionaba ninguna salvaguarda legal a la ciudadanía, de manera que según alguno de ellos declaró: “con Franco los ministros eran como “reyes” dentro de su propio ministerio pero verdaderos “sacristanes” en relación con el Caudillo”.

 El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I era coronado rey de España, iniciándose la Transición, que abría las puertas a nuestro actual Estado democrático. En diciembre de 1976 quedaba aprobada mediante referéndum la Ley para la Reforma Política de España, y el 6 de diciembre de 1978 los españoles aprobaron –nuevamente por referéndum– la actual Constitución española. 

 Nuestra actual Carta Magna contempla a España como una Monarquía constitucional, de la que es rey Felipe VI, y un Estado autonómico, cristalizado en un régimen democrático estable y plural, que debe seguir avanzando por la senda de la legalidad constitucional, es decir, de la democracia.