Entre la tradición y la modernidad: El Justicia de Aragón

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La tradicional institución aragonesa quedó reforzada por el moderno pensamiento humanista del Renacimiento

Luis Negro Marco / Santiago de Compostela

 La figura del Justicia Mayor de Aragón pudo haberse inspirado, a decir de algunos historiadores, en los Éforos griegos –magistrados, en número total de cinco–, que fueron establecidos en el siglo IX por Licurgo en Esparta, con la finalidad de equilibrar el poder de los reyes y servir de freno al Senado.

 El Magistrado supremo del reino (es decir el Justicia de Aragón)  contaba con el consejo de cinco lugartenientes togados, y sus atribuciones eran las de hacer justicia entre el rey y los vasallos, y entre los eclesiásticos y seculares. El Justicia hacía en nombre del rey sus provisiones e inhibiciones, cuidaba de la observancia de los fueros de Aragón, fallaba sobre los recursos que a él se presentaban, y a él se apelaban las sentencias de los jueces, tanto las de realengo, como las de señorío.

 Desde comienzos del siglo XVI, cuando los aragoneses pasaron a estar bajo el dominio de los reyes de Castilla, aquellos no podían tomar el título de reyes de Aragón hasta después de haber jurado solemnemente observar los fueros del reino. Tras lo cual, el Justicia lo ratificaba con estas palabras: «Nos, que cada uno vale tanto como vos, os hacemos rey bajo condición que respetaréis nuestros privilegios; si no, no».  De modo que la violación de los fueros por parte del rey, significaba a su vez la inmediata rebelión de los aragoneses, al grito de contra fuero. Y este grito, según dejó constancia el historiador de la época, Antonio de Herrera (1549-1625) “sublevaba hasta las piedras en Aragón”.

 Y así sucedió que, en tiempos del rey Felipe II, el secretario de estado del monarca   –el aragonés

El Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, en
el cadalso. Autor: Balasanz, foto: Pérez Casas

Antonio Pérez, (1539-1611) – perdió el favor del rey a causa de una una revelación de Escobedo –secretario de Juan de Austria– acerca de las relaciones amorosas de Pérez con la Princesa de Éboli, también querida del rey. Un enredo que se complicó tras el asesinato de Escobedo, que podría haber sido ordenado por el propio rey, y del que fue acusado Antonio Pérez, tanto por la viuda como por los hijos del muerto. Preso durante doce años en Madrid, acusado de malversación, Antonio Pérez logró fugarse de la cárcel y huyo a Aragón, para acogerse a sus fueros.  Sin embargo, fue apresado en Calatayud, y llevado a Zaragoza, donde solicitó la defensa del Justicia –Juan de Lanuza– e invocó el derecho de la Manifestación, en cuya cárcel fue encerrado. El rey esgrimió entonces la discrepancia de competencias entre el Justicia y la Inquisición, de manera que los ministros de ésta, sacaron contra fuero a Antonio Pérez de la cárcel, trasladándolo a la Aljafería. Hasta allí corrieron en tromba los aragoneses para trasladarle de nuevo a la cárcel de la Manifestación, cuando los arcabuceros dispararon contra el pueblo sublevado que, lanzándose contra los soldados, puso en libertad a Antonio Pérez, quien finalmente logró huir de España, y se refugió en Francia –donde murió– protegido por el rey Enrique IV. 

 Y fue en el transcurso de aquellos sucesos cuando se fraguó la figura de Juan de Lanuza, como símbolo de la firme defensa de Antonio Pérez –y por ende de los fueros de Aragón– frente a Felipe II. El monarca, sabedor de las alteraciones en el reino, y amparándose en ellas, decidió el envío a Zaragoza de un ejército de 10.000 infantes al mando de Alonso de Vargas. Un hecho insólito en la historia de Aragón, por cuanto las tropas extranjeras tenían prohibido cruzar las fronteras del reino. Pero apenas hubieron ocupado Zaragoza, las tropas de Vargas apresaron a Juan de Lanuza, quien por instrucciones del rey fue decapitado en la capital aragonesa el 20 de diciembre de 1591, siguiéndole a ésta muchas otras ejecuciones, y la supresión de muchos de los fueros de Aragón.

 Sin embargo, la justicia distintiva continuó en el reino, en oposición en muchas ocasiones, a las disposiciones de la monarquía. Así, cuando en tiempos de Felipe IV se crearon nuevos impuestos para la construcción de las galeras de Génova y España, el obispo de Lérida se opuso con firmeza a ellos. Exponía el prelado que en su diócesis había parroquias aragonesas cuyos curas  se negaban a pagar el subsidio, y justificaban su postura sacando a colación las reglas del guardián de las libertades de ese reino, el Justicia Mayor. El obispo apoyó a sus sacerdotes, y las órdenes de Madrid no fueron efectivas, de manera que para 1664 debían ya los aragoneses los impuestos de 30 años. Pero la resistencia fue incluso más allá de la diócesis de Lérida, y todo el estamento eclesiástico de Aragón acabó reclamando la exención del subsidio, factor entre otros, que afectó seriamente al poderío naval español del XVII.

 Pero aquel momento de crisis también debe considerarse como una consecuencia del surgimiento del pensamiento humanista, enarbolado por Erasmo de Rotterdam (1467-1536) así como de la Reforma protestante de Lutero, y la consiguiente Contrarreforma católica, acontecidas ambas en el convulso siglo XVI. Felipe II, reprimió desde el comienzo de su reinado el pensamiento erasmista en España y Flandes, por considerarlo contrario a su proyecto de establecer una monarquía sólida y centralizadora. Eso dio lugar a un gran descontento en los distintos reinos hispanos, cuyos súbditos –como en el caso de Aragón, de acuerdo a sus fueros–  consideraban que el monarca se encontraba por debajo del derecho natural, hasta el punto de que podían deponerlo en el caso de que no cumpliera las normas del pacto que le unía a ellos, y dejase de garantizar sus libertades colectivas y personales.

De ese modo, los aragoneses se opusieron a Felipe II amparados en la tradición, y el pensamiento humanista, reivindicando así un novedoso sistema de garantías constitucionales, marcado por el equilibrio entre sus tradicionales derechos y obligaciones individuales, y las leyes, organismos de representación,  e  instituciones administrativas de la nueva monarquía.